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Informe ASVDH sobre Gdeim Izik de fecha 04-01-2011




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El éxodo de la población saharaui hacia la región Gdeim Izik, situado a 12 Km. al este de la ciudad de El Aaiun, Sahara Occidental comenzó el 10 de octubre 2010. El éxodo fue una protesta contra el deterioro de las cuestiones socioeconómicas que afectan a la mayoría de las familias de todos los sectores de la sociedad saharaui, y en contra del fracaso de las Naciones Unidas para encontrar una solución al conflicto los países.
Las políticas de exclusión y marginación ejercida por el Estado marroquí, que continúa utilizando el enfoque de la seguridad en el tratamiento de todos los problemas de la región, han llevado a poner en marcha la protesta pacífica saharaui en forma de un campamento, con el fin de hacer valer sus demandas económicas y sociales.

Este comité, ASVDH, cuyo trabajo y actividades están prohibidas, de forma arbitraria y antidemocrática, como se menciona en informes anteriores de violaciones de derechos humanos en el territorio del Sahara Occidental, sigue defendiendo los derechos de la población saharaui.

Pues bien, toda la información socio-económica sobre el Sahara Occidental afirma que la población no se beneficia de los ingresos de la riqueza que abundan en la región, "y esto es contradictorio a los principios fundamentales aplicables a los territorios no autónomos que figuran en el artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas. La Organización de Naciones Unidas, que se encargan de la administración de estos autónomos, reconoce el principio de la primacía de los intereses de los habitantes de estos territorios y aceptan como un encargo sagrado la obligación de promover, siempre que sea posible, su prosperidad. En virtud del párrafo del artículo 73 de la Carta, están obligados a transmitir regularmente al Secretario la información, estadísticas y otra información de carácter técnico relativas a las condiciones económicas, sociales y educativas en los territorios que son responsables de la administración”. Se puede citar aquí las minas de fosfato Boukraa, administrada por el OCP de la empresa estatal marroquí, que entre sus gerentes, ingenieros, obreros, empleados y agentes, tiene sólo un pequeño número de saharauis. Contrariamente a lo que era durante la colonización española. Este sector es uno de los símbolos de la riqueza económica de la región[1], junto con la pesca. Las empresas que han firmado acuerdos con el Estado marroquí para gestionar la única mina de Boukraa, en régimen de alquiler, marginan a los  jóvenes saharauis desempleados en favor de los marroquíes. Por otro lado, los ingresos por concepto de la minería de fosfatos no se invierten en la región.
El gobierno marroquí no adopta una política de inversión real en la región, debido a la situación internacional del territorio y el conflicto político y militar entre Marruecos y el Frente Polisario. A pesar de los anuncios del gobierno, que la realidad domina la mentalidad de inversión de Marruecos, y esto se confirma por el hecho de que los grandes inversores marroquíes no colocar su dinero por temor a la explosión de la situación política o militar en la región.
El sector privado en la región es, principalmente, diseñado para explotar las riquezas, sin retorno de la inversión para la región y su población indígena, ya que la mayoría de los trabajadores de la pesca en todo el territorio de la costa Sahara Occidental, es de origen marroquí. Las unidades de producción para la congelación y embasado de pescado, en la fabricación de aceites y harina de pescado, contratan sólo s los trabajadores de Marruecos, con la excusa frecuente de que los saharauis no trabajan con interés
Esto, entre otras razones, ha contribuido a la agravación y el resurgimiento del fenómeno del desempleo, especialmente entre los jóvenes saharauis.
Algunos han encontrado algunas soluciones de embarcarse en frágiles embarcaciones a arriesgar sus vidas para tratar de ir a España. Según algunas informaciones trasmitidas a la asociación, si el gobierno de Marruecos no tiene ningún papel directo en las operaciones de esta inmigración ilegal, por lo menos ha cerrado los ojos a las redes importantes de la inmigración y el desplazamiento de población hacia Islas Canarias, España, y este en especial desde 2005.
Las estimaciones indican que los empleos ofrecidos por los sectores de la minería y la pesca son suficientes para absorber toda la mano de obra desempleada saharaui, y sacar a muchas familias saharauis de la pobreza y el bajo nivel vida.
La marginación que afecta a la población saharaui, además de lo anterior, es el bajo número, si no la falta de licenciados saharauis en un nivel superior en ciencia y especializados en diferentes campos. Esta realidad contradice las declaraciones del Estado marroquí que se enorgullece, desde 1975, del desarrollo de la región. No hay institución o instituto de educación superior en la región del Sahara Occidental, en contra del artículo 13[2] del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Mientras tanto, el número de licenciados en diferentes disciplinas y conocimientos diferentes, aumenta en los campamentos de refugiados saharauis. 500 médicos trabajan en los campamentos de refugiados saharauis, a pesar del sufrimiento y las condiciones de asilo, mientras que no solo médico saharaui en todo el hospital en el Sahara Occidental
El desplazamiento de la ciudad saharaui de El Aaiun a Gdeim Izik, fue para reclamar sus legítimos derechos al empleo y la vivienda. Vivienda se ha unido con muchos problemas y desequilibrios estructurales desde 1975.
No hay una política urbana basada en la planificación arquitectónica y urbana y la dirección de arquitectura para la ampliación del espacio urbano. Los sitios residenciales en marcha en El Aaiun y la periferia, están dominados sólo por una obsesión con la cantidad de construcción, que sirve de propaganda del Estado de Marruecos sobre el proyecto de desarrollo residencial en la ciudad.
No existe una estrategia urbana claramente definida, teniendo en cuenta la cultura local y el futuro desarrollo urbano y poblacional de la ciudad, produciendo una infraestructura caracterizada por la incertidumbre, y el predominio de la construcción inadecuada en muchos barrios.

Diferentes Walis y gobernadores que se han sucedido en la administración de la ciudad, han alentado a los marroquíes que pertenecen a sus regiones - las regiones de Walis y gobernadores - para que sean los beneficiarios de la tierra y de los materiales donados por el Estado. Las prácticas del difunto Zemrag Saleh, el gobernador de El Aaiun entre 1981-1993, un hombre famoso por su represión contra los saharauis, es conocido por todos en la adjudicación y distribución de viviendas y suelo.
Él hizo que los que vinieron de la ciudad de Beni Mellal, en el centro de Marruecos - su ciudad natal – se convirtieran en la gente más rica en El Aaiun.
Después de él, antes de su partida y su suspensión del cargo, el gobernador Ouchen Hassan, 1994-1998, distribuyó los solares alrededor de la Avenida de Smara a los naturales de su región de Marruecos. Lo mismo se repitió en los últimos Walis de la ciudad; gracias a Mohammed Jemous, 2009-2010, que distribuyó grandes lotes de la ciudad de El Merssa, en el momento de su salida, el 26 de noviembre 2010, sin criterios objetivos y nunca a los saharauis que son los que más lo necesitan.
También se puede observar cómo la construcción de viviendas sociales iniciadas por el gobierno marroquí desde hace años, benefició varias ciudades de Marruecos, pero no las ciudades del Sahara Occidental.
La capacidad inmobiliaria en la ciudad de El Aaiun y otras ciudades en el territorio del Sahara Occidental, no es un obstáculo para el estado si existe un auténtico deseo de apoyar las demandas del pueblo y su derecho a la vivienda. Esto es evidente en vista de la corrupción generalizada que hace que un número de funcionarios electos, líderes comunitarios e influyentes políticos y económicos en la región, estén robando grandes extensiones de tierra en El Aaiun, y regulando los procedimientos administrativos y jurídicos para legalizar la conservación de tierras y títulos de las tierras, que ilegalmente ocupan.
Desde el comienzo de la presencia de la administración marroquí en el territorio, sin una gestión responsable de los asuntos públicos, nunca fue procesado por sus violaciones y abusos ilegales, lo que hace a la región un caldo de cultivo de la corrupción económica y administrativa. Esto, además de las condiciones sociales, contribuyó a la aparición del fenómeno del desplazamiento masivo de personas y la constitución del primer campamento de desplazados saharauis del Sahara Occidental. Era una expresión pacífica de rechazo a la política económica y social que el Estado marroquí aplica en el Sahara Occidental.


[1] La primera sección del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce que:
1 - Todos los pueblos tienen el derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural.
2. Para lograr sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y sus recursos, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio de beneficio mutuo, y el derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia.
3. Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que son responsables de administrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso, promoverán el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación, y respetarán este derecho conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas.

[2] El apartado c del artículo 13 establece que: La educación superior debe ser accesible a todos por igual, dependiendo de la capacidad, por cuantos medios sean apropiados y, en particular por la implantación progresiva de la libre


CAMPAMENTO: ORIGEN Y DESARROLLO

La desastrosas y miserables condiciones sociales y económicas de la gran mayoría de los saharauis de la ciudad de el Aaiun y la falta de libertad de expresión y reunión en el Sahara Occidental, ha llevado a los saharaui a salir de la ciudad, esperando que su voz sería escuchada por las administraciones responsables de la gestión de los asuntos públicos en el territorio.

Hubo varios intentos de viajar fuera de la ciudad en los meses anteriores, hasta que un grupo de jóvenes desempleados, muchos de ellos casados y responsables para las familias, decidió 10 de octubre 2010 llevar a cabo este movimiento social, que comenzó con 50 a 70 jaimas en el primer día, a crecer muy rápidamente.

Cabe señalar que muchos saharauis de las ciudades de Smara -220 kilómetros al este de El Aaiun; Boujdour -180 Km. al sur de El Aaiun; Al Marsa - 25 km al oeste de El Aaiun, intentaron salir de sus ciudades para instalarse en las jaimas, igual que con lo sucedido en El Aaiun, para protestar contra las mismas condiciones sociales degradadas. Todos estos intentos han sido violentamente reprimidos y prohibidos por las fuerzas de seguridad marroquíes, causando extensos daños, físicos y materiales a los manifestantes. Aunque la asociación no tiene cifras exactas de jaimas y sus residentes Gdeim Izik, al este de El Aaiun, las estimaciones que se conocen cuentan 20.000 personas desplazadas, repartidas en más de 6.500 jaimas.

En el campamento, al principio, había un cierto de desorden en el montaje de las jaimas, debido al número cada vez mayor de personas a instalarse allí, pero los voluntarios llevaron a cabo su reorganización y reestructuración. Y de acuerdo con la información que esta asociación fue capaz de reunir allí y los testimonios que hemos recibido de los jóvenes voluntarios que trabajaron para organizar el campamento, dividiéndolo en seis distritos, cada uno con un número. Cada grupo de jóvenes se encargaba de un grupo de jaimas. Estos establecieron un plan de evacuación, teniendo en cuenta la facilidad de acceso y salida de las jaimas y así mismo, teniendo en cuenta las distancias aceptables para evitar la propagación de cualquier incendio.

Los voluntarios trabajaron para proporcionar a los habitantes del campamento, de todos los servicios posibles, para facilitar el contacto con los responsables de la coordinación de la acción, de intervenir para ayudar a los enfermos o asistir a cualquier evento que requiera la intervención médica. Todos trabajaron en coordinación con otros actores para el mantenimiento de la seguridad interior, proveer servicios básicos a diario, y mantener la limpieza y salubridad de la ciudad, así como todo el campamento.

Fatimatou, de 63 años, que vivía en una jaima con sus dos hijas, un hijo y su nieto, todos desempleados, dijo: "... me encontré con más comodidad en el  




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